SAN FRANCISCO, EE.UU. 9 abril 2019 (AP) — Un juez federal de San Francisco bloqueó el lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata. El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial.
La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación. La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez. Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.
Se desconoce de inmediato si el gobierno solicitaría a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto. Trump tuiteó que el fallo era “injusto para Estados Unidos”. El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo.
Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal. El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y de la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El fallo se presentó un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos sobre sus estrictas medidas antimigratorias que fueron parte central de la campaña presidencial de Trump, incluyendo reveses en políticas como la de separar a familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.
La demanda afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México. Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.
En su fallo, Seeborg dijo que “se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas”. La ACLU y otros grupos también señalan en la demanda que la ley que permite el envío de algunos inmigrantes de regreso a México no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.
Seeborg estuvo de acuerdo, diciendo que el “lenguaje llano” de la ley sustenta esa interpretación. “Sea como sea, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que las personas soliciten asilo en Estados Unidos”, señaló Rabinovitz en un comunicado tras darse a conocer la decisión. El gobierno espera que forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800.000 casos pendientes en las cortes migratorias.
El abogado del Departamento de Justicia, Scott Stewart, señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México. Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales, declaró. Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.
El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.
