WASHINGTON, EE.UU. 12 marzo, 2020 (EFE) — Más de 140 millones de hogares en los Estados Unidos reciben a partir de este jueves los formularios del Censo 2020, envuelto en polémica por el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía y el temor a que se usen los datos en la campaña antiinmigrante del republicano.
Políticos, dirigentes comunitarios y activistas latinos han hecho esfuerzos durante meses para alentar a la población hispana a que participe y sea contada, enfatizando que la ley protege la confidencialidad de los datos y que esa información no será utilizada por otras agencias del gobierno. “Es tu poder, es tu voz en tu comunidad local”, subrayó en rueda de prensa Stephen Buckner, subdirector de Comunicaciones de la Oficina del Censo, que afirma que de estos datos dependen unos 675.000 millones de dólares al año en recursos federales que se destinan a salud, educación y otros rubros.
Los resultados del Censo servirán además para definir el peso de los estados en el Congreso federal y en el Colegio Electoral, que finalmente es el órgano que elige al presidente de los Estados Unidos. La importancia de que todos los hispanos sean contados se refleja además en un presupuesto de 50 millones de dólares para la campaña publicitaria para esta minoría, el 20,5% del total de la partida, según explicó a Efe Carlos Alcázar, cofundador de Culture ONE World, la empresa a cargo de llegar a la comunidad latina.
Con frases como “Soy cada latino que cuenta en el país”, “Tu información está protegida” y “No se puede compartir con la migra”, los mensajes institucionales de televisión, digitales, impresos y de vallas publicitarias buscan no solo mostrar la diversidad de los hispanos sino la “confidencialidad” que implica el procedimiento gubernamental.
Aunque los datos del censo que identifican a las personas no pueden ser hechos públicos hasta 72 años después, ya en el pasado se compartieron con otras agencias federales. En 1942, poco después de entrar en la II Guerra Mundial, el Gobierno de Estados Unidos autorizó a que se divulgasen datos que llevaron a que decenas de miles de estadounidenses de origen japonés fuesen internados en campos de concentración.
Ante la desconfianza entre la población indocumentada y sus familias, que temen que su estatus migratorio, direcciones de vivienda y otros datos personales lleguen a otras agencias federales, especialmente de inmigración, la Oficina del Censo insiste en que no hay nada que temer. Compartir esos datos sería un crimen multado con hasta 250.000 dólares y conlleva incluso hasta 5 años prisión porque está prohibido por la ley, explicó a Efe Erika Becker-Medina, jefa de la Oficina de Coordinación de Comunicaciones del Censo para los hispanos.
Pero la duda está ahí, sobre todo si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el intento del Gobierno Trump de incluir en el formulario la pregunta sobre la ciudadanía de las personas contadas, una búsqueda de datos que preocupaba a millones de inmigrantes. Otro de los miedos es si, al realizarse por primera vez de manera mayoritaria por internet, los datos pueden ser robados y utilizados por bandas criminales.
La distribución postal de los formularios se hará en etapas a lo largo de ocho días para evitar que las respuestas abrumen el sitio de internet y la línea telefónica de ayuda, y el 80% de los hogares será invitado a responder al cuestionario por vía de internet. Aproximadamente el 20% de los hogares recibirá un cuestionario de papel que puede ser devuelto por correo ya que se trata de vecindarios con escaso acceso a internet o con un gran número de personas de edad avanzada, informó la agencia.
En el caso de menos del 5% de los hogares ubicados en áreas de desastres naturales o donde los residentes sólo emplean buzones postales, funcionarios del Censo visitarán personalmente las casas para entregar los formularios, y luego los funcionarios irán puerta a puerta entrevistando a los residentes. El cuestionario incluye preguntas sobre cuántas personas viven en el hogar al 1 de abril, si se trata de propiedad o alquiler, y la edad y sexo de los residentes, quienes deberán indicar su “raza”, si son hispanos o no, y cuál es su país de origen.
El censo no considera “hispano o latino” como una raza, sino como una etnia. La Oficina del Censo, que está contratando cientos de miles de empleados temporarios para conducir el empadronamiento y procesar los datos, ha tomado en cuenta la diversidad de la población del país, y provee cuestionarios en numerosos idiomas, incluido el español.
El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años en cumplimiento de un mandato incluido en la Constitución desde 1787, y el primer censo en 1790 contó 3.929.214 habitantes en los estados surgidos de las 13 colonias británicas originales, mientras que la población actual se calcula en unos 329,4 millones de personas.
