WASHINGTON, D.C. Octubre 10, 2021 — El gobierno del presidente Joe Biden quiere impedir los desalojos de las viviendas públicas cuyos inquilinos adeuden rentas y reforzar las protecciones al finalizar la moratoria nacional sobre los desalojos. Bajo una nueva norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), los inquilinos de viviendas subsidiadas por el organismo que no pagan su renta no pueden ser desalojados sin darles 30 días de aviso e información sobre la ayuda federal de emergencia disponible. La norma fue publicada el jueves en el Registro Federal.
Técnicamente, la norma entra en vigor 30 días después de su publicación, pero un alto funcionario del HUD dijo a The Associated Press que se espera que las autoridades en todo el país empiecen a aplicarla inmediatamente. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente dijo que el cambio en la norma se debió al temor de una inminente ola de desalojos a medida que avanzan los procesos judiciales.
La secretaria del HUD, Marcia Fudge, dijo que el cambio era “un paso significativo para elevar la conciencia de los inquilinos sobre la disponibilidad de fondos que pueden ayudarlos a saldar rentas impagas y darles tiempo para acceder a auxilios que les permitan evitar el desalojo”. Tras un inicio demorado, el plan para repartir los primeros 25.000 millones de dólares del plan asistencial de 46.500 millones se está acelerando. Fuentes del Departamento del Tesoro indican que el programa ha beneficiado a 420.000 viviendas desde agosto —un aumento con respecto a 340.000 en julio— y ha repartido 7.700 millones de dólares desde enero.
Las fuentes indican que el plan está progresando bien en Nueva Jersey, Nueva York y Carolina del Sur, donde tuvo un inicio aletargado. Nueva Jersey, por ejemplo, no desembolsó ninguna ayuda en los primeros tres meses del año pero ahora ha repartido 78% del primer tramo y duplicó la cantidad de viviendas beneficiadas en agosto comparado con julio. Los desembolsos en Florida subieron de 60,9 millones de dólares en julio a 141,4 millones en agosto, mientras que en Carolina del Sur subieron de 10,6 millones a 25,3 millones y en Nueva York subieron de 8,5 millones a 307 millones.
“Estas cifras son preliminares, inciertas y probablemente hay mucho dolor que no se ve reflejado en estos reportes”, indicó Gene Sperling, coordinador del programa de rescate económico, “pero lo que se ha logrado es mucho mejor al mejor escenario que se preveía tras el cese de la moratoria”. Sperling estimó que la asistencia económica y los programas de alternativas habitacionales son las razones por las que no se han concretado las enormes cantidades de pérdidas de viviendas, pero enfatiza la importancia de seguir enviando asistencia monetaria a los caseros.
Algunos inquilinos se han beneficiado de otras moratorias que han continuado, como la de California que concluyó el mes pasado, la de Nueva York que dura hasta fin de año y la de Boston que sigue en pie. Otros —en lugares como Washington, Texas, Filadelfia y Nueva Hampshire— se han beneficiado de programas nuevos que buscan mantener fuera de los tribunales a los casos de desahucios y a mantener a los inquilinos en sus casas.
Algunos sistemas judiciales han aplicado normas según las cuales se suspende la expulsión de una persona que haya solicitado asistencia estatal, y por lo menos tres estados y 10 municipalidades han aprobado medidas que ofrecen asistencia legal gratuita en casos de pérdida de vivienda. Diane Yentel, presidenta de una ONG que ayuda a personas de bajos recursos, indicó que organización ha hecho un llamado a las autoridades estatales y locales a mantener en pie las moratorias, aun cuando han expirado a nivel federal.
Asociaciones de propietarios han animado a sus miembros ha desistir de expulsar a inquilinos que hayan solicitado asistencia pública, pero no todos hacen caso. En particular, los dueños de propiedades pequeñas tienen sus propias presiones económicas, teniendo que pagar sus propias hipotecas e impuestos.
Muchos propietarios han hecho profundas concesiones durante la pandemia, permitiendo que los inquilinos paguen tarde o no paguen del todo, según dos investigaciones de pequeños propietarios realizadas por el Terner Center of Housing Innovation, la Universidad de California-Berkeley y el Centro de Estudios sobre Vivienda de la Universidad de Harvard. Las investigaciones hallaron que los inquilinos también están sufriendo penurias económicas. Algunos han tenido que vender sus propiedades, lo que podría causar una disminución de viviendas asequibles en algunas comunidades. (AP)
