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Nuevo atraso para acusar a los asesinos de Saweto, emblema de la tala ilegal en Perú

The desire is to highlight the importance of forests, wood and green areas for safeguarding biodiversity and providing a healthy environment for people and animals (Photo: pexels.com) The desire is to highlight the importance of forests, wood and green areas for safeguarding biodiversity and providing a healthy environment for people and animals (Photo: pexels.com)

Los asesinatos de Saweto son el emblema de las violaciones y amenazas que padecen los pueblos indígenas de Perú frente a la tala ilegal, y cobraron mayor relevancia al ocurrir justo tres meses antes de que Lima acogiese en 2014 la cumbre mundial del clima (COP20).

LIMA, Perú. 20 diciembre, 2019 (EFE) — La larga espera de más de cinco años para que se formule la acusación contra los presuntos asesinos de Saweto, el caso más emblemático de tala ilegal en la Amazonía peruana, se vio este viernes prolongada por casi un mes más tras suspenderse la audiencia judicial donde la Fiscalía debía presentar los cargos. En esta diligencia, el fiscal debía formular las acusaciones para castigar a los autores de las muertes del activista medioambiental Edwin Chota y otros tres líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, muertos presuntamente a manos de madereros ilegales a los que habían denunciado por operar en sus tierras.

La vista estaba programada para este viernes en el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, provincia perteneciente a la región Ucayali, pero fue suspendida por la ausencia de los abogados de dos de los cinco acusados y reprogramada para el 17 de enero de 2020. La inasistencia de los letrados, argumentaron temas de salud, “evidencia la intención de obstruir y dilatar el proceso”, indicaron a Efe fuentes de la defensa legal de las viudas de las víctimas, cuatro líderes de la comunidad indígena de etnia ashéninka Alto Tamaya-Saweto, situada en la frontera de Perú con Brasil.

35 AÑOS DE PRISIÓN PARA ACUSADOS

Según la acusación fiscal a la que tuvo acceso Efe, el Ministerio Público de Perú solicitará a la jueza Melina Díaz que se abra un juicio para pedir una condena de 35 años de prisión para los cinco acusados. Los implicados son Eurico Mapes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi como presuntos autores materiales de los asesinatos y los empresarios forestales Hugo Soria y José Carlos Estrada como supuestos autores intelectuales o mediatos (con dominio del hecho).

TORTURAS, VIOLACIÓN Y ASESINATO

El principal indicio para la acusación es la declaración de un testigo protegido que narra con detalles relevantes la manera en la que estos madereros ilegales presuntamente torturaron, violaron y asesinaron a los cuatro indígenas, entre ellos Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, además de Chota. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, cuando los cuatro nativos se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia ashéninka, con fuertes vínculos familiares con Saweto.

En Apiwtxa, los líderes de Saweto iban a reclamar ayuda a sus parientes para enfrentar a la tala ilegal y acordar estrategias comunes, entre ellas la denuncia ante la Justicia brasileña de los madereros, pues la mayoría de los invasores de la comunidad eran brasileños a sueldo de Hugo Soria y José Carlos Estrada. Un año antes de los asesinatos, Chota había denunciado amenazas de muerte de Soria después de que las constantes alertas de Saweto a las autoridades peruanas motivasen la inmovilización de un cargamento de este empresario de casi mil troncos por valor de 125.000 soles (unos 37.700 dólares).

UN CASO EMBLEMÁTICO

Los asesinatos de Saweto son el emblema de las violaciones y amenazas que padecen los pueblos indígenas de Perú frente a la tala ilegal, y cobraron mayor relevancia al ocurrir justo tres meses antes de que Lima acogiese en 2014 la cumbre mundial del clima (COP20). En el momento de los crímenes los indígenas de Saweto llevaban alrededor de una década solicitando sin éxito la titularidad de sus tierras al Estado peruano para así tener un documento que los amparase frente a cualquier persona que quisiese aprovecharse de sus recursos para actividades ilícitas.

Al igual que Saweto, muchas comunidades nativas se ven atrapadas en la misma trampa burocrática donde el reconocimiento legal de sus tierras se ve frustrado por concesiones forestales que se superponen con sus territorios o por corrupción en funcionarios que ralentizan el proceso y los recursos para ello. Saweto, que recibió sus títulos de tierras al año después de los asesinatos, es una de las poblaciones más excluidas y remotas del territorio peruano. Pucallpa, capital de la región oriental de Ucayali, es la ciudad más cercana, a unos cuatro días de navegación en bote por río cuando es época seca y el caudal del agua es bajo.

Para la organización estadounidense Rainforest, que patrocina la defensa legal de las viudas de los asesinados, la acusación puede marcar “un hito frente a la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia peruano y permitirá mejorar la actuación de jueces y fiscales en casos similares”.